El ex primer ministro conservador islandés Geeir H. Haarde afrontará desde hoy un juicio en el que está acusado de negligencia grave durante su mandato, en el que se produjo el colapso bancario de su país en octubre de 2008. El encargado de estudiar el caso será el Landsdómur, un tribunal especial creado para procesos que afecten a miembros del gobierno y que nunca había actuado en los casi 67 años de independencia de esta isla situada en el Atlántico norte.
La imputación de Haarde, de 60 años, fue posible porque el Althingi (Parlamento islandés) así lo decidió en septiembre pasado por 33 votos a favor y 30 en contra, siguiendo el consejo del informe realizado anteriormente por la comisión investigadora creada para determinar las responsabilidades en la crisis. Aunque hoy es el día para confirmar la acusación, medios islandeses consideran probable que el juicio en sí no comience hasta después del verano, ya que el tribunal concederá a Haarde un plazo para presentar objeciones.En el auto de acusación preliminar presentado hace un mes, el fiscal Sigridur Fridjonsdottir pide una condena para el ex primer ministro por violar la ley sobre responsabilidad de los ministros al desoír las advertencias que recibió sobre una inminente crisis de los principales bancos islandeses. A pesar de los avisos recibidos entre otros por el Banco Nacional, Haarde no adoptó ninguna medida para reducir los efectos del colapso antes de que éste se produjera ni presionó a los bancos para vender sus activos y disminuir los riesgos, según el fiscal, quien no especifica ninguna pena concreta para el delito.
La peor crisis de su historiaHaarde, cuyo abogado pedirá que la acusación sea desestimada, calificó de escandaloso que la Fiscalía tardara siete meses en presentar cargos y que al final éstos coincidieran casi palabra por palabra con la resolución aprobada hace un año por el Althingi. En esa misma votación, el Parlamento exculpó a tres ex altos cargos de su Gobierno, un conservador y dos socialdemócratas, en contra del parecer de la comisión investigadora.
El Landsdómur está formado por 15 personas: cinco jueces del Tribunal Supremo, un presidente de un tribunal de primera instancia, un catedrático de derecho constitucional y ocho ciudadanos designados cada seis años por el Parlamento.
El colapso bancario, que obligó a nacionalizar los principales bancos del país, colocó a Islandia, que ha tenido que recibir ayuda del Fondo Monetario Internacional (FMI), en la peor crisis de su historia reciente.
Las protestas populares provocaron en enero de 2009 la caída del Gobierno de coalición entre el conservador Partido de la Independencia y el Partido Socialdemócrata, encabezado por Haarde, que se retiró de la política al descubrírsele un tumor cancerígeno. La izquierda, en una coalición entre socialdemócratas y ‘rojiverdes’, gobierna por mayoría absoluta desde abril de 2009 un país que negocia ahora su entrada en la UE.
Eso es lo que debería suceder aquí. Una denuncia pública ante el Defensor del Pueblo contra todos los mangantes e incompetentes, empezando por Zapatero por iluminado con colmillo retorcido, para dar ejemplo, y contra cualquier cargo público o funcionario que prevarique o haya sido negligente en el desempeño de sus funciones.
ResponderEliminarClaro que deberíamos hacerlo pronto, ya que ZP pretende largarse quitándonos el derecho de defendernos como acusación pública y dejándole esa potestad sólo a los fiscales, fiscales políticamente nombrados, es decir, bien untados. Esa es el próximo regalito que nos va a dejar el Tribunal Constitucional. Impedir al pueblo que pueda demandar a sus políticos.
ResponderEliminarEs complicado. Lo primero porque como contamos en esta entrada: http://ciudadanosinconformistas.blogspot.com/2011/02/todos-los-espanoles-son-iguales-antes.html
ResponderEliminarLos diputados y senadores igual que el presidente y miembros del Gobierno de la nación siempre ha existido su aforamiento al TS.Esto sirve, por tanto para evitar, por ejemplo el caso de que algún dirigente político, se dedicara a denunciar continuamente a un adversario con el fin de que se le detenga y usar esto como arma política, y por ende contra la voluntad popular.
El problema es que al final ese privilegio está sirviendo para dejar impunes delitos de malversación, de corrupción, para que algunos estén por encima del bien y del mal, y en definitiva para que haya una casta por encima de los simple mortales.
De todas formas, creo que habría que intentarlo.
Pero hay que cambiar las cosas, desde el fondo, para evitar estos abusos.
Lo que está claro, que el presidente y su séquito, no pueden rse de rositas..
Ese aforamiento es una medida para evitar la continua acusación torcitera en la que caían nuestros políticos preconstitucionales y prerégimen. Está bien que exista Patri. Lo que digo es que aunque sea complicado, hay un procedimiento, como el "impeachment" anglosajón, que debe seguirse y creo que el Defensor del Pueblo debería servir para esto. Una acusación popular como la Islandesa. Ya está bien de chorizos. En todos lados cuecen habas, mirad el último escándalo de un político de Brasil, que en 2 años, creo, ha incrementado su patrimonio en 20 millones de euros.
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